Uno de los mayores méritos de la generación que lideró los gobiernos de la Concertación, es haber conciliado a la izquierda con el mercado. El tránsito fue áspero dentro de aquella coalición y también en la relación con los líderes empresariales. Pero lo hicieron, sin dejar de ser una alianza de izquierda. La cargada agenda legislativa con que estamos comenzando el año pone al gobierno frente al viejo dilema de armonizar sus ideas con el mercado, las convicciones con la necesidad, el programa con la realidad.

Por supuesto que lo que parecía un logro cultural de la Concertación en esta materia, en un punto mostró sus límites. El “No Al Lucro” de 2011 -pronunciado por una izquierda joven, carismática y crítica de aquellos dirigentes- hizo retroceder las convicciones. Instaló la cuña de la culpa entre la izquierda y el mercado, lo que se constituyó en uno de los hechos más determinantes en el tono con que se discutieron las grandes políticas públicas desde entonces.

De esta forma, en el proyecto de pensiones del gobierno se propuso un inversor estatal (rechazado por la Cámara) que promete una convivencia matonesca con los privados, en la ley corta de isapres vemos una intención de hacer lo justo para no cargar la mochila de un colapso del sistema, en el proyecto de reforma a la Ley General de Bases del Medioambiente se mezclan artículos que mejoran la certeza para los inversionistas con otros que la disminuyen, y así. Desde esa vereda, el mercado se asemeja a un cáncer que no se puede extirpar. Particularmente, toda participación del sector privado en la provisión de derechos sociales parece un pacto fáustico, una convivencia en pecado.

Todo esto es inconducente, en la misma magnitud que lo la idea de que el mercado debe funcionar exclusivamente con las reglas propias de su naturaleza. El mercado es una fuerza poderosa, que los estados sabiamente debieran poner a disposición de los intereses de la sociedad. Posiblemente, la mayor fricción que este razonamiento encuentra en la sensibilidad de izquierda, está en la idea de que el interés particular es irreconciliable con el interés común. Esto no solo desconoce los progresos de las empresas privadas en materia de sostenibilidad, y el premio del que crecientemente gozan aquellas que destacan en esta materia, sino algo aún más esencial: el Estado tiene las herramientas para hacer estos intereses compatibles. Así como el Estado tiene la responsabilidad de poner los incentivos y límites a la ambición de poder de quienes aspiran a dirigirlo, también puede hacer lo propio con quienes tienen la ambición de generar riqueza.

El mercado requiere canales, y no diques, para entregar su mayor beneficio social. La generación que hoy lidera la administración del Estado, necesita expiar la culpa con que se relacionan con el mercado si quiere dejar un legado de incremento en el bienestar público. Como lo mostraron algunas generaciones antes, ser de izquierda y usar al mercado para beneficio de la sociedad, es posible.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP

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